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materialpolicial.com

Los Ministerios de Interior y Defensa estudian ampliar el número de funcionarios de prisiones con la incorporación preferente a la plantilla de las cárceles españolas de soldados profesionales que abandonen el Ejército. El plan contempla ofertar plazas “de forma exclusiva a militares profesionales de tropa y marinería que se encuentren en los últimos diez años de su compromiso de larga duración y para los reservistas de especial disponibilidad” del Ejército, según un correo electrónico remitido este martes por el subdirector general de Recursos Humanos de Prisiones, Eugenio Arribas, a los sindicatos penitenciarios al que ha tenido acceso este periódico.


Fuentes oficiales del departamento confirman que el plan está en estudio, pero aseguran que está en una fase muy inicial y que aún deben perfilarlo tanto con el Ministerio de Defensa como con Hacienda. Las organizaciones sindicales de Prisiones ya han mostrado sus recelos a la medida.

La carta del alto responsable de Instituciones Penitenciarias detalla que la incorporación de los militares se considera “muy favorable” para incrementar el número de efectivos en servicio en las prisiones y que la medida estaba ya contemplada en los Presupuestos Generales del Estado de 2018, que siguen en vigor tras prorrogarse. La idea es que las plazas que se convoquen para militares profesionales no computen a efectos de tasa de reposición (las que se compongan para cubrir las bajas y jubilación de funcionarios de prisiones), sino que sirvan para incrementar la plantilla, cifrada en 23.000 trabajadores, muchos de ellos por encima de los 50 años, como vienen denunciando desde hace años los sindicatos de Instituciones Penitenciarias. “Lo consideramos muy favorable porque entendemos que se trataría de efectivos que se sumarían a la Oferta de Empleo Público habitual”, añade el alto cargo de Prisiones en la carta.

La medida permitiría a Defensa dar una salida laboral a una parte de los aproximadamente 50.000 militares profesionales que tendrán que abandonar de aquí a 2036 las Fuerzas Armadas por cumplir los 45 años. En junio, la ministra de Defensa en funciones, Margarita Robles, firmó un convenio similar con el presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Abel Caballero, alcalde Vigo,por el que los ayuntamientos reservarán un 20% de plazas en la convocatorias de acceso a la Policía Local para los militares profesionales de tropa y marinería con más de cinco años de servicios.El convenio también prevé la participación de personal militar de carrera en las convocatorias públicas para la provisión de puestos de personal funcionario.

La propuesta para Prisiones ha cogido por sorpresa a los sindicatos penitenciarios. Este miércoles, la principal organización, Acaip-UGT, ha emitido un comunicado en el que recalcaba que la propuesta era “absolutamente novedosa” y que hasta ahora nunca se había puesto sobre la mesa por parte del Ministerio del Interior. El sindicato solicitará de manera urgente información para conocer “cuáles son las condiciones de esta posible contratación, en qué concepto, si existen cupos y cómo se estructuraría, a qué plazas accederían”, así como el contenido del convenio que se firmaría con Defensa. Fuentes de Instituciones Penitenciarias insistían este miércoles en que la idea está aún "en una fase inicial. Es verdad que existe esa posibilidad y se va a estudiar, pero aún no hemos concretado nada con Defensa", añaden.

La propuesta se conoce solo una semana después de que Interior se viera obligado a destinar a cerca de 240 guardias civiles y policías a reforzar la seguridad exterior de las 15 cárceles existentes en Madrid, Extremadura y Castilla-La Mancha después de que quedase desierto el concurso público para cubrir 200 plazas de vigilantes privados en las mismas. La quiebra financiera de Ombuds, la empresa de seguridad que hasta ese momento prestaba servicio en estas prisiones, y la negativa de otras compañías a concurrir el concurso por el elevado importe de las deudas que deberían asumir obligó a Interior a poner en marcha un plan de contingencia hasta que se adjudique el nuevo concurso. La medida, que se hizo efectiva a las 12 de la noche del pasado 31 de diciembre, ha provocado algunos problemas, según denunciaron sindicatos de prisiones. Sin embargo, fuentes de la Guardia Civil insisten en que “en ningún momento se ha producido una merma de seguridad” de los recintos penitenciarios.

La medida también se produce en un enquistado conflicto laboral en Instituciones Penitenciarias desde la etapa del Gobierno de Mariano Rajoy, y que se ha recrudecido tras la llegada al poder del PSOE y el nacimiento de un movimiento que se presenta como “asindical” bajo el nombre de Tu Abandono Me Puede Matar. Las organizaciones sindicales tradicionales reclaman una equiparación salarial similar a la que el ejecutivo del PP acordó en su día con los representantes de los policías nacionales y guardias civiles, además de una ampliación de las plantillas y la concesión a los trabajadores penitenciarios de la condición de agentes de la autoridad. Hasta ahora, las negociaciones han estado estancadas a la espera de unos nuevos presupuestos. El anuncio de la incorporación de soldados profesionales es el primer movimiento en meses.
https://elpais.com/politica/2020/01/08/ ... 35587.html

intervencionpolicial.com

Mar es funcionaria de prisiones desde hace 21 años. Vigila los módulos y los patios de la cárcel de Ocaña I, un pequeño presidio en la provincia de Toledo en el que están recluidos cerca de 450 internos. Su trabajo ha sido catalogado por el Gobierno como esencial, aunque es invisible para gran parte de la sociedad. Desde que se decretó el estado de alarma, dos cosas llaman la atención de Mar al llegar a su puesto de trabajo: un olor a lejía más intenso de lo que era habitual y la mayor distancia que todos, presos y funcionarios, mantienen entre sí. “Lo primero que hacemos es desinfectar todo con lo que vamos a tener contacto: cerrojos, teléfonos, las llaves…”, señala. Esta funcionaria asegura que los presos han estado “inquietos” —el jueves se produjo un conato de plante en esta cárcel—, sobre todo durante los primeros días del aislamiento, justo después de prohibirse a mediados de marzo visitas de familiares y permisos de salida. “Estamos haciendo una importante labor didáctica con ellos”, señala.

Ella es una de los cerca de 24.000 trabajadores penitenciarios que se encargan de custodiar a 50.800 reclusos en las cárceles dependientes de Interior. Hasta el pasado miércoles, se habían registrado 185 positivos por coronavirus entre los funcionarios y 21 más entre los reclusos. Una interna de la prisión de Estremera (Madrid) y un funcionario de la de Fontcalent (Alicante) han fallecido. Además, alrededor de 810 trabajadores penitenciarios y 390 reclusos están bajo observación médica o cuarentena, según datos oficiales. La mayor incidencia de la enfermedad entre los funcionarios que entre la población reclusa se traslada a las conversaciones entre ambos colectivos. “Muchos presos nos piden que nos cuidemos; saben que el virus lo podemos traer de fuera. Es curioso. Antes éramos nosotros los que temíamos que ellos nos transmitieran enfermedades”. Quien habla así es Juanjo, un trabajador penitenciario con 22 años de servicio ahora en la prisión de Alcalá-Meco, en Madrid. Su principal queja estos días ha sido la tardanza de Instituciones Penitenciarias en dotarles de mascarillas. También reclama que, como servicio esencial que son, se les hagan los test para detectar los contagios. “Los presos están tranquilos y no hay más conflictos que antes de la crisis, pero si esto se extiende en el tiempo y hay más contagios, no sé qué puede pasar”, señala.

Nuestro trabajo no podrían hacerlo ni policías ni militares”

dice un funcionario

Marcos está destinado en la prisión de A Lama (Pontevedra). Vigila el módulo de aislamiento, donde están los presos más conflictivos. Allí sí se ha notado “algo” un aumento de la tensión por el coronavirus. “Algunos internos lo utilizan como baza para presionarte. Te echan en cara que ya no pueden comunicarse con sus familias. Son presos que no están acostumbrados a la frustración y muchos no quieren ver lo que está pasando en España con la enfermedad”, señala. Marcos también ha tenido que cambiar sus rutinas por el virus. “Nos hemos tenido que acostumbrar a trabajar a más distancia con los otros compañeros, lo que a veces no es fácil, cuando no imposible”. Su vida privada también se ha visto afectada. “No veo a mis padres desde el 4 de marzo”, se lamenta.

Daroca (Zaragoza) es una cárcel pequeña, con algo más de 400 reclusos. Allí trabaja Daniel, funcionario de prisiones desde hace 15 años. “Al ser un centro pequeño ha sido más fácil organizarse ante el coronavirus”, asegura. Charlas a los presos para que extremen la limpieza de sus celdas y de los espacios comunes, y crear grupos de trabajo estancos para que si se detecta un infectado sea fácil limitar el contagio han sido algunas de las medidas que se han tomado en esta cárcel. “Hemos ido por delante de las decisiones de Interior”, destaca.

Daniel insiste en que su trabajo es tan invisible como imprescindible: “Muchos creen que lo podrían hacer los policías o los militares, pero no es así. Además de custodiar, hacemos una labor de reeducación que ellos no podrían asumir”, recalca. En ese sentido, admite que una de sus preocupaciones es ocupar el tiempo de los presos ahora que se han suspendido las comunicaciones con familiares, no hay permisos ni actividades educativas ni funcionan los talleres. “Por mucho que la gente lo olvide, la reinserción es la función última de las cárceles. Lo dice la Constitución”, explica.
https://elpais.com/economia/2020-04-09/ ... arcel.html

Academia Acceso Cnp

sector115.es

Su nombre es Enrique Rodrigo. Se hizo popular entre 2019 y marzo de 2020, justo cuando el Covid se disparaba. Recorrió los platós de televisión como portavoz de la Asociación de Trabajadores Penitenciarios Tu Abandono Me Puede Matar, y lo hizo denunciado la falta de seguridad a la que se enfrentaban los funcionarios de prisiones en las cárceles españolas. Los y las, porque buena parte de las denuncias se centraron en los abusos sufridos por mujeres funcionarias, las mismas a las que el PSOE y Podemos dicen defender. Pero durante ese tiempo, Interior decidió que había llegado el momento de taparle la boca y pararle los mediáticos pies.

La censura llegó en forma de expediente con acusación de delito. Nada menos que de “revelación de secretos”. Ahora, la teniente fiscal de Madrid ha desestimado la denuncia interpuesta por el Ministerio del Interior, a través de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias. Porque, según la fiscal, se trata, simple y llanamente, de libertad de expresión.

El documento que hoy reproduce OKDIARIO forma parte de la resolución del expediente de Prisiones, organismo dependiente del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. Y, para colmo, es fácil comprobar como el propio texto señala que el “20 de febrero se recibe Decreto de la Fiscalía Provincial de Madrid”. Ese Decreto es el que anula la posibilidad de considerar delictivo nada de lo realizado por el sindicalista. Pero Enrique Rodrigo no ha tenido constancia de ello hasta ahora. Traducido: Interior ha estirado durante meses la resolución del expediente, cuando sabía desde febrero que debía cerrarlo y reconocer su fracaso. Y, por supuesto, dejar de atemorizar al funcionario de prisiones.

Interior fracasa en su intento de condenar al funcionario que denunció falta de seguridad en las cárceles

Rodrigo se convirtió en una pesadilla mediática para Interior. Participó activamente en numerosas ocasiones en distintos programas de televisión y radio reivindicando mejoras laborales para su colectivo y denunciando las penalidades de un trabajo intenso y arriesgado en el que demasiado frecuentemente suceden episodios violentos y agresiones de los internos sobre los trabajadores.

La aparición de un funcionario en el programa de La Sexta, ‘Equipo de Investigación’, el 27 de septiembre de 2019, rememorando el ataque de Bernardo Montoya -el presunto asesino de Laura Luelmo- sobre uno de los trabajadores de la prisión Puerto III, desencadenó en un nuevo expediente disciplinario contra Enrique Rodrigo por parte del Ministerio del Interior. Según el departamento dependiente de Interior, este portavoz podría haber sido la persona que aparecía de espaldas en ese programa desvelando lo que ellos mismos consideraban como secretos oficiales. Y, de ese modo, el departamento dirigido por Grande-Marlaska sugería en su denuncia ante la Fiscalía que Enrique Rodrigo podría estar incurriendo en un delito de revelación de secretos.

Sin embargo, la resolución de la fiscal, cuyo contenido íntegro no ha podido ser consultado aún por el afectado por la negativa expresa de Instituciones Penitenciarias a facilitarlo al denunciado, recoge un reproche sin paliativos a la actuación del Ministerio del Interior.

Interior ha estirado durante meses la resolución del expediente, cuando sabía desde febrero que debía cerrarlo y reconocer su fracaso

Entiende la fiscal que “dado el cúmulo de noticias sobre el tema y aún quien hablase en los programas fuera D. Enrique, ya no nos encontraríamos ante una revelación de secretos (…) por cuanto ya no habría secreto, el dato pasa a formar parte de la opinión pública».

Añade, además, la teniente fiscal de Madrid que “los hechos se amparan en el DERECHO CONSTITUCIONAL de la LIBERTAD DE EXPRESIÓN por lo que carecen de relevancia penal”, descartando el intento de Prisiones de tramitar penalmente el asunto y lograr, probablemente, la inhabilitación de Rodrigo.

“A la vista de la firmeza del decreto que exonera de responsabilidad al ex portavoz de TAMPM la Secretaria General de Instituciones Penitenciarias ha optado por archivar definitivamente el expediente disciplinario instruido contra aquel”, señalan desde la asociación.

La resolución de la autoridad fiscal madrileña supone, a juicio de esta asociación (TAMPM) “una verdadera amonestación al Ministerio del Interior y confirma las denuncias de Tu Abandono Me Puede Matar que acusan a los responsables de Instituciones Penitenciarias de utilizar el procedimiento disciplinario como un instrumento legal con el que silenciar las legítimas reclamaciones de los funcionarios de prisiones. El reciente archivo por parte de la Fiscalía de Almería de una acusación similar sobre un funcionario miembro de la misma asociación y que presuntamente habría revelado detalles de la vida de Ana Julia Quezada -la asesina confesa del niño Gabriel e interna en el centro penitenciario de dicha provincia- certifica la utilización espuria de las leyes por parte del Ministerio del Interior con la finalidad de sofocar las legítimas demandas que realiza el colectivo de funcionarios de prisiones a través de sus representantes”.

Desde TAMPM lamentan, también, “la injustificable maniobra de ocultar durante siete meses la resolución de la teniente fiscal de Madrid con el indudable propósito de amedrentar a este trabajador y mantener silenciado al colectivo mediante iniciativas disciplinarias, administrativas y penales, que acabarán, como en los casos que acabamos de referir, en el archivo de las denuncias y exonerando de responsabilidad a los denunciados por el Ministerio de Grande-Marlaska”.

“La libertad de expresión, es un derecho que merece la protección de todos y el respeto escrupuloso por parte de todas las instituciones. Tratar de cercenarlo o limitarlo es propio de otros tiempos y/o de otros regímenes”, concluye la asociación.
https://okdiario.com/espana/interior-fr ... es-6463767

Los parlamentarios nacionales del PP de Valladolid, se han reunido hoy con representantes de los funcionarios de prisiones, durante su visita al Centro Penitenciario de Villanubla, en la que han podido conocer de primera mano las condiciones de trabajo de los funcionarios y la importante labor que realizan.

El diputado popular, José Ángel Alonso, expresó que cuentan con todo el compromiso del Partido Popular, que les va a seguir respaldando frente a los ataques de un Ministro y un Gobierno sectario.

Vamos a “utilizar todas las armas que pone la Ley a nuestra disposición para defenderos” y “un ejemplo de nuestro compromiso es la Proposición de Ley que hemos presentado en el Congreso, el primer estatuto del funcionario de prisiones que os reconoce como autoridad". “Queremos dotar de una mayor eficacia al trabajo de los funcionarios de prisiones” y es el motivo por el que han presentado dicha Proposición de Ley. “Es necesaria una normativa específica y moderna que regule sus condiciones de trabajo de forma digna”.

“Una Ley que reconoce a los funcionarios de prisiones como agentes de la autoridad y que les da una especial protección ante agresiones similar al de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado”, y además es necesario que se “otorgue a sus informes presunción de veracidad” manifestó Alonso.

Por su parte el diputado Eduardo Carazo ha recordado que “el PP ha presentado en el Congreso una enmienda a los PGE para el aumento en en 250€ al mes del salario de los funcionarios de prisiones en 2021. Una enmienda que ha sido rechazada por la mayoría que sostiene al Gobierno”. Por eso los populares consideran urgente que “se establezca la obligación de abrir un proceso de negociación de la mejora en sus retribuciones y la creación de una Mesa Sectorial de Negociación específica de Instituciones Penitenciarias”.
https://www.eldiadevalladolid.com/Notic ... -autoridad

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65 funcionarios. La plantilla del Centro Penitenciario de Valladolid arrastra un déficit del 22,5% que se plasma en esos 65 funcionarios que necesitaría para completar un equipo que, según denuncian los sindicatos, lleva años supliendo con su «esfuerzo» la «escasez» de plazas de funcionario que vienen convocando los distintos gobiernos. «Ahora hay prevista una oferta de empleo con 1.063 vacantes, pero es que, por RPT(Relación de Puestos de Trabajo), faltarían unos 3.400 en toda España. Esos mil tendrían que venir todos a Castilla y León para completar todas las carencias que hay en las plantillas de la región», resume el delegado de CSIF en la prisión provincial, Honorio Gordo Fernández.

En el caso de ‘Villanubla’, ahora hay 224 funcionarios y la RPT está en 289. Y lo peor, según denuncian los sindicatos, es que el panorama a corto plazo no pinta nada bien, por el goteo de jubilaciones y pases a segunda actividad previstas: «La media de edad en Valladolid está en los 54-55. Esto no es de un año para otro, sino que llevamos años de pérdidas de personal, años de dejadez de los gobiernos», censura Manuel Salgado, de Acaip, quien critica una oferta de empleo «que saben insuficiente» porque «falta gente en todas las cárceles». «Si ni siquiera sabemos cuánta gente nos van a mandar de esos mil y pico que se han convocado», apostilla el delegado de CSIF, quien detalla que «ahora se está tirando con 17 que hay en prácticas, pero que ni se sabe cuándo se tendrán que ir».

Una decena de jubilaciones. En el horizonte más próximo de la cárcel vallisoletana aparecen ya «una decena de jubilaciones», entre los funcionarios que se van a casa y los que pasan a segunda actividad, «en puestos de oficinas» que son «los que tienen más de 57 años y llevan más de 25 años de antigüedad en Interior», detalla Honorio Gordo a este periódico.

El problema de falta de personal en la prisión provincial se extiende también al ámbito sanitario, toda vez que ahora hay ocho médicos y enfermeros, cuando debieran ser 16. «Tenemos dos médicos y un subdirector médico, es decir, tres, cuando lo que marca es que sean ocho y no estamos tan mal porque hace nada solo había uno. Y luego hay cinco enfermeros y el número estipulado es también de ocho», enumera el delegado de CSIF.

Por su parte, Manuel Delgado, de Acaip, reconoce que, al menos, este déficit de personal del 22% no ha coincidido en el tiempo con las épocas de mayor ocupación del Centro Penitenciario de Valladolid, lo que hace posible que el trabajo sea meridianamente asumible: «La población reclusa ha bajado en los últimos años, pero, claro, no lo ha hecho al mismo nivel que la falta de funcionarios. Aquí llegó a haber 600 reclusos y ahora son unos 350, de los que quince o así suelen estar en el CIS», recuerda.

El último dato oficial señala que hay 405 internos en Valladolid, una cifra en la que se incluyen también los que ocupan una celda del CIS (Centro de Inserción Social) que hay en Santovenia de Pisuerga. De ellos, 347 son penados –población reclusa estable, a los que se refería Delgado en su recuento– y 58 son preventivos –reclusos que están en prisión a la espera de juicio o de una sentencia–. 48 son mujeres y 357, hombres.

Protocolos covid-19. Además de las dificultades por la carestía de personal, se une en estos meses, la aplicación de todos los protocolos que exige la pandemia y que hasta ha obligado a modificar los turnos de trabajo para reducir riesgos y evitar desplazamientos, de modo que trabajan dos días seguidos y a continuación libran seis. La primera de estas jornadas se empalma un turno de mañana y uno de tarde, y en la siguiente, se hace uno de 24 horas (tres turnos, mañana, tarde y noche).

Los sindicatos destacan que en ‘Villanubla’ «apenas está habiendo casos», ya sea por «suerte» o por «hacer bien las cosas». «Cuando los internos vuelven de permiso o a los que ingresan, se les impone una cuarentena de diez días. Además, se han prohibido los vis a vis, pero se les han aumentado las llamadas de diez a quince», especifican.
https://www.eldiadevalladolid.com/Notic ... cit-del-22

El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, se queda solo por momentos. Pierde apoyos tanto en la Guardia Civil como en la Policía Nacional por días y quiere ponerle remedio con un cheque en blanco de por medio. A pesar de la pandemia, el ministro socialista ha querido tener un guiño caro con los funcionarios de prisiones y ha renovado buena parte del equipo de los centros penitenciarios dejándose 232.474,90 euros públicos (sin impuestos) para comprar cascos antidisturbios, chalecos antiagresiones y todo tipo de material destinado a la protección de los funcionarios de prisiones, algo de lo que deberían disponer de antemano. Eso sí, en un documento al que ha tenido acceso MONCLOA.com, se detalla que el material que comprarán no está homologado.

Marlaska ha tirado de chequera para ganar amigos en un momento en el que no solo pierde apoyo entre la Guardia Civil y la Policía Nacional, sino que el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, prefiere ponerle ojitos a la ministra de Defensa, Margarita Robles, por su gestión de la borrasca Filomena antes que reconocer los presuntos logros de Marlaska ante el temporal. Es por eso que el magistrado ha considerado oportuno ceder ante las demandas de un colectivo muy activo y beligerante como son los funcionarios de prisiones para concederles un material del que se supone que debían disponer desde hace tiempo.

Concretamente, la jefa del área de equipamiento y asuntos generales, Montserrat Herranz Martín, ha aprobado la compra de material no homologado por valor de 232.474,90 euros públicos, que si se le suman los impuestos ascenderían a casi 300.000 euros. El pedido de Interior contempla la adquisición de cinco analizadores de bajos de los vehículos (para detección de bombas u otro tipo de dispositivos), 71 cascos de protección respiratoria, 96 cascos antidisturbios, 288 chalecos antiagresiones, 196 defensas de goma semirrígidas, 24 escudos protectores, 70 escudos protectores inversos para la inmovilización, 270 grilletes rígidos y 197 linternas led.



La compra de todo este material en plena pandemia está plenamente justificada, según detallan desde el ministerio, además de detallar que es un contrato que lleva tiempo vigente. Todo se repartirá entre diferentes centros penitenciarios a lo largo y ancho de la geografía española (Madrid, Córdoba, Albolote, Santa Cruz de Tenerife, Málaga, Mallorca, Badajoz, Algeciras, Puerto, Ocaña, Topas, Castellón, Sevilla…) que llevan tiempo solicitando nuevo material, aunque según fuentes consultadas es completamente insuficiente en comparación con lo que necesitarían los funcionarios.

El problema es que lo que parece un intento de Marlaska por acercarse a los funcionarios de prisiones es calificado por ellos como limosna por no ser suficiente y responder tarde a sus demandas. Es lo mismo a lo que el ministro del Interior hizo con la equiparación salarial a raíz de que la Guardia Civil elevara el tono contra el equipo del ministro socialista después de que purgara a varios mandos del cuerpo para colocar en su lugar a personas afines sin respetar el escalafón. Ahora el guiño le toca a los funcionarios de prisiones. Pero lo cierto es que gastar poco menos de 300.000 euros no será suficiente para calmar los ánimos de este colectivo, que lleva tiempo con varias exigencias, dadas sus condiciones laborales, que no son respondidas por el Ministerio del Interior.

La empresa que nutrirá el Ministerio del Interior de todo este material antidisturbios también está elegida: Saborit International S.L. un grupo que se define como “una empresa familiar, de capital español, especializada en la comercialización de equipos y productos para la seguridad, vigilancia y defensa. Desde 1986, representamos y distribuimos a diferentes fabricantes de reconocido prestigio”. Marlaska le dará a esta compañía 281.294,63 euros de la mano del Gobierno de España.
EL MINISTRO LLEGA TARDE

Una insuficiencia de material sanitario dejó en verano de 2020 a los funcionarios de prisiones del centro penitenciario de Huelva desprotegidos ante el coronavirus. A falta de mascarillas, y tras una orden sobre reparto de la subdirección de este centro, a los funcionarios de prisión se les prohibió recibir cubre bocas. En lugar de ellos, serán los reclusos los que las reciban, “debido a la obligatoriedad de los internos de portar mascarillas cuando salen de los módulos residenciales”, según recoge la orden 127/2020 del 15 de julio.

Se dijo que “hasta nueva orden se prohíbe la entrega de este material al personal (funcionario o laboral)”. Las reacciones se hicieron llegar nada más publicarse la nueva normativa. La Asociación Profesional de Funcionarios de Prisiones (APFP) exigió el cese del subdirector de Seguridad de esta prisión, además de recordar el peligro que supone para su salud: “El medio penitenciario es un medio cerrado, con convivencia de un número elevado de personas con contacto estrecho y en donde existe una mayor probabilidad de trasmisión de la enfermedad”.
MARLASKA, EL CELOSO

Marlaska está profundamente irritado con la ministra de Defensa por haber desplegado la UME para responder a las emergencias que habían nacido tras la llegada de Filomena al centro de la península. Lo está porque entiende que con este gesto buscaba ningunear, eclipsar y ridiculizar su gestión. Que entre Robles y Marlaska no hay una buena relación es sabido por todos dentro del Gobierno. Y más desde la sustitución del coronel Diego Pérez de los Cobos y esa purga que inició el ministro en la cúpula de Interior para colocar en puestos clave a personas afines. Pero ahora, con el temporal, la relación entre ambos se ha erosionado más, si cabe.

Aún así, y visto que varios días después de la nevada gran parte de la capital sigue completamente inaccesible (por no hablar de los municipios de la Comunidad de Madrid) lo cierto es que la presencia de la UME era más que necesaria.

Marlaska entendió que su planificación para afrontar el temporal fue más que suficiente. Pero nada más lejos de la realidad, cuando el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, solicitó a Defensa la intervención de la UME en la capital tras empezar a verse los estragos de Filomena, Robles respondió saltándose directamente a Marlaska y envió tropas sin consultarlo con el titular de Interior. Sobre si había que hacerlo o no, no hay una respuesta clara. Sí que la hay en cuanto a la coordinación y el respeto entre competencias. Y Robles decidió actuar en solitario por la urgencia.
https://www.moncloa.com/2021/01/15/marl ... n-limosna/

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Los funcionarios de prisiones dicen basta y esta misma mañana del jueves han presentado la declaración de conflicto colectivo ante el Ministerio del Interior. Los sindicatos convocantes son los mayoritarios en prisiones, ACAIP y CSIF, así que sus acciones tienen mucho peso en el colectivo. Y avisan, o Marlaska pone soluciones o irán a la huelga general.

Los funcionarios de prisiones se quejan de que en su relación con la Administración sufren «ninguneo, olvido, dejadez y falta de compromisos o peor aún, compromisos incumplidos por parte de los cargos que asumen responsabilidades en la administración penitenciaria».

Los firmantes de la declaración de conflicto recuerdan la huelga general de octubre y noviembre de 2018 donde la actitud de la Administración fue «de absoluta indiferencia, pasotismo e incluso vulneración del derecho fundamental de huelga». Los funcionarios siguen pidiendo lo mismo desde entonces, una oferta real de empleo público, la readecuación de los puestos de trabajo, que se les reubique en el Ministerio de Justicia y no en Interior, mejoras salariales y el reconocimiento como agente de la autoridad para los funcionarios.

Las reivindicaciones por ser justas contribuyeron a que ACAIP recogiese más de 16.000 firmas que presentó en el Senado en junio de 2018. Incluso durante una reunión en septiembre de 2018 consiguieron que la Administración Penitenciaria les reconociese el reparto de 122 millones de euros y la futura negociación de otros problemas. Pero poco después el Gobierno se echó atrás en su propia propuesta sin dar explicaciones.

En noviembre de 2019 la Administración regresó a la mesa de negociación y se habló de concurso de traslados, pero ante la falta de acuerdo Instituciones Penitenciarias impuso su criterio y por tanto los sindicatos de prisiones acudieron a los juzgados.

Se negoció también un protocolo de acoso sexual y por razón de sexo en el trabajo. La Administración dijo que el protocolo se había hecho con «participación» de los sindicatos. Pero estos sostienen que «los trabajos quedaron inconclusos y sorpresivamente nos encontramos que la Administración publicó una instrucción que recoge un procedimiento informal para el acoso sexual y por razón de sexo».

ACAIP y CSIF también argumentan que sobre los procesos de estabilización «la Administración no ha convocado a los representantes de los trabajadores a estos efectos». Algo similar ocurre con la comisión de seguimiento del protocolo de agresiones en prisiones (PEAFA): «Se constata claramente su incumplimiento. No se ha abordado en cuatro años los objetivos que se planteaban en la reducción de la violencia en los Centros Penitenciarios», uno de los mayores problemas que los funcionarios tienen en el día a día.

Sobre el punto de prevención de riesgos laborales el principal problema es que «la gestión de la pandemia adolece de una importante falta de atención a los trabajadores». Los funcionarios de prisiones denuncian también que la Administración Penitenciaria «ha tenido desde el principio de la pandemia una gran falta de sensibilidad con los trabajadores vulnerables». Tanto Acaip como Csif se quejan también del vestuario, la falta de formación, la «indigencia tecnológica de la Administración» en materia de teletrabajo, jornadas y horarios. Se denuncian incluso la falta de permisos para acudir a votar en los pasados comicios electorales de Madrid el 4 de mayo.

Tanto Jorge Vilas, responsable de prisiones de CSIF, como José Ramón López, presidente de ACAIP, han explicado que «no descartamos medidas futuras como movilizarnos en una huelga general».
https://okdiario.com/espana/funcionario ... es-7832889

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El Gobierno vasco asumió el pasado 1 de octubre la transferencia de las tres cárceles vascas y cada vez hay menos funcionarios para ocuparse de los 1.365 reclusos, entre ellos 84 miembros de ETA. La consejera de Justicia, Beatriz Artolazabal, anunció el pasado 12 de enero que al finalizar el concurso de traslados, que ha culminado esta misma semana, Instituciones Penitenciarias incrementaría los trabajadores de los centros de Zaballa, Martutene y Basauri.

Sin embargo, las plantillas de estos centros acumulan ya 82 vacantes porque 80 funcionarios han decidido marcharse del País Vasco renunciando a las mejores condiciones económicas y laborales que ofrece el Gobierno vasco y sólo 65 de otras regiones se incorporarán en las próximas semanas al denominado modelo penitenciario vasco.

El Gobierno vasco anunció la implantación de un sistema singular de cumplimiento de las penas en el que se pretende que el 40% de los reclusos se encuentren en semilibertad y que beneficiará singularmente a los 84 presos de ETA que ya han sido trasladados, aunque tanto EH Bildu como el PNV pretenden acelerar estos acercamientos y que los 175 ex miembros de la banda sean trasladados a prisiones del País Vasco y de Navarra.

El sindicato ACAIP-UGT, el mayoritario en las plantillas de funcionarios penitenciarios en el País Vasco, ya advirtió antes de que se procediera a culminar la transferencia de un déficit de 65 vacantes en las tres prisiones en función de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT).
El acuerdo laboral

Cien días después de asumir la gestión de las cárceles y con el foco situado en la nueva agencia de formación laboral Aukerak (Oportunidades, en euskera), el déficit de funcionarios se sitúa en 82 vacantes y compromete el funcionamiento del trabajo en estos centros penitenciarios.

"Ya advertimos que ésta [por la gestión de las prisiones] no era una transferencia más, sino una transferencia muy complicada porque, entre otras cosas, no tiene parangón con el trabajo de otros funcionarios del Gobierno vasco", advierte José Ramón López, presidente de ACAIP-UGT que logró cerrar con el Ejecutivo de Iñigo Urkullu un acuerdo laboral para respetar durante dos años las condiciones de trabajo de un grupo de trabajadores perseguidos durante décadas por los miembros de ETA.

El déficit de funcionarios denunciado por ACAIP-UGT antes del 1 de octubre se ha incrementado tras las intenciones del Gobierno de Urkullu de comenzar con un proceso de euskaldunización. Prácticamente toda la plantilla formalizó el primer trámite para optar por plazas en otras prisiones de España, pero tras el acuerdo laboral alcanzado por ACAIP-UGT que mantiene complementos salariales específicos y calendarios con periodos de descanso, las peticiones de traslado se redujeron.
El concurso de traslados

Consciente del déficit de trabajadores formados, la consejera Artolazabal aseguró hace una semana que, según la información que le había facilitado el Ministerio del Interior, aumentaría el número de funcionarios en el País Vasco. "El saldo que parece ser que se puede producir va a ser un saldo positivo", contestó Artolazabal ante las denuncias de los sindicatos sobre la disminución de funcionarios de prisiones.

La finalización del concurso de traslados con el listado oficial, al que ha tenido acceso EL MUNDO, constata una pérdida de al menos 15 empleados públicos que se suman a las 67 vacantes anteriores y que no podrán ser reemplazados por contrataciones de interinos hasta que el Gobierno vasco elabore su propia RPT.

El Ejecutivo de Urkullu ha asumido ante los sindicatos que tendrá que pagar pluses salariales a los funcionarios para contrarrestar el déficit de plantilla.
https://www.elmundo.es/pais-vasco/2022/ ... b4598.html

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Los funcionarios de prisiones aún no dan crédito a la decisión del Ministerio del Interior de volver a encargar sus uniformes a los presos. Los sindicatos han trasladado ya la queja. Y es que, en plena ola de enfado de estos empleados públicos por la falta de atención que les presta la Administración, aún siguen recibiendo unos pantalones kilométricos con bolsillos a distintas alturas y perneras de distintas tallas.

El pasado martes 5 de abril se publicó en el BOE el anuncio de licitación para la adquisición de tejidos para la confección del nuevo uniforme de los funcionarios de instituciones penitenciarias pror parte de la Entidad Estatal Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo.

Los sindicatos ACAIP-UGT, CSIF y GIG no han tardado en presentar oficialmente la queja ante el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska por encomendar de nuevo a la EETPFE (Entidad de Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo) la confección del uniforme de los trabajadores penitenciarios. Y ello, según los sindicatos, pese a “las irregularidades que se han detectado en los últimos años, y ya denunciadas, lo que ha supuesto el hartazgo de los funcionarios”.

“El actual uniforme tiene una calidad textil muy deficiente y una pésima confección debido a que su realización se encomienda a los internos de los talleres productivos de varios centros penitenciarios sin un control de calidad adecuado”, destacan los sindicatos. De hecho, en agosto de 2021 se puso en conocimiento del Secretario General de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz, una serie de deficiencias detectadas en la última entrega del uniforme como “el mal etiquetado, un tallaje desbordado, los remates de ínfima calidad, bolsillos cosidos a diferentes alturas, perneras de pantalón de distintas medidas…”, señalan desde ACAIP-UGT.

En las distintas reuniones del grupo de trabajo que se convocó con el objeto de acertar, por fin, en la realización del nuevo uniforme, la representación sindical se posicionó de forma nítida en contra de que fuesen los internos los que se encargaran de confeccionar el nuevo uniforme, y argumentaron que la licitación debía realizarse a empresas externas y de contrastada experiencia. Pero no ha sido así.

“El colectivo penitenciario se siente discriminado al contemplar como otros cuerpos del mismo Ministerio del Interior, como la Policía Nacional o la Guardia Civil cuentan con un uniforme de mejor calidad y licitado por empresas externas de reconocida solvencia que garantizan su calidad, elaboración y confección”, destacan fuentes sindicales.

Los funcionarios señalan que “el colectivo penitenciario merece un uniforme digno que responda a los estándares de calidad, no puede estar en manos de la Entidad de Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo, que, sin medios, sin control de calidad y sin personal cualificado es, a todas luces, incapaz de conseguir el objetivo de responder a las necesidades de los funcionarios de prisiones”.

Problemas con el calzado

Por otra parte, ACAIP-UGT ha tenido conocimiento de que las especificidades previstas del nuevo calzado tampoco se ajustan a los estándares de seguridad que se habían planteado en las distintas reuniones de trabajo, más, al contrario, responden a las más básicas y no mejoran el actual calzado.

“El compromiso de la parte social es mejorar el uniforme de los trabajadores con una calidad de materiales y confección que le EETPFE es incapaz de ofrecer como ya ha demostrado en los últimos años, por lo que se ha solicitado al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, la contratación de una empresa externa, ajena a la Institución Penitenciaria, que audite y controle desde un primer momento la calidad de tejidos, confección, distribución… de todas las prendas de la uniformidad”, destacan fuentes sindicales.
https://okdiario.com/espana/marlaska-en ... os-8896300

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Los trabajadores llegaron a Euskadi tras un concurso de traslados y constatan ante el TSJ vasco que ganan 500 euros menos al mes, han perdido 16 días de descanso y no les dejan usar instalaciones


Cincuenta y cuatro funcionarios de las tres prisiones vascas han registrado ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco un «contencioso especial de protección de derechos fundamentales» por la «discriminación» laboral que sufren desde el pasado 24 de agosto. Trabajadores procedentes de Cantabria, Asturias, Madrid e, incluso, desde Canarias han comprobado que el Ejecutivo vasco les abona hasta 500 euros menos al mes que a sus compañeros, cuentan con 16 días menos libres y se les ha prohibido utilizar pabellones para descansar lo que ha provocado que varios de ellos duerman en furgonetas camperizadas. Los problemas laborales se han visto agravados por la falta de personal y el Ejecutivo vasco ha paralizado una bolsa de trabajo que tenía previsto activar antes del mes de agosto con 60 interinos por las dudas sobre la legalidad de la convocatoria.

El medio centenar de funcionarios de prisiones que ya han formalizado su demanda ante el Contencioso Administrativo del Superior de Justicia vasco consideran vulnerado su derecho constitucional a la igualdad tras comprobar que sus condiciones laborales son notablemente peores que las de los trabajadores que se incorporaron a la administración vasca el 1 de octubre de 2021. Una transferencia arrancada por el PNV a Pedro Sánchez por el apoyo al presidente nacionalista que se inició con la moción de censura a Mariano Rajoy en 2018.

El Gobierno vasco pactó con el ministro Grande-Marlaska la propiedad y la gestión de las prisiones de Zaballa (Álava), Martutene (San Sebastián) y Basauri (Bilbao) donde cumplen sus condenas 1.365 reclusos, incluidos el casi centenar de presos de ETA. Antes de asumir el control de los centros penitenciarios, el sindicato ACAIP-UGT advirtió de que faltaban 80 trabajadores para realizar los múltiples servicios en las tres prisiones. Desde la asunción de la transferencia los problemas laborales se han multiplicado al reducirse el número de trabajadores tras el último concurso de traslados, por las jubilaciones en los últimos siete meses y por las diferentes condiciones laborales entre trabajadores que realizan los mismos servicios.

El Ejecutivo autonómico ha tenido que recurrir al pago de jornadas extra o 'peonadas' a los funcionarios para paliar la falta de personal en servicios de vigilancia en los tres centros pero especialmente en Zaballa, la prisión más grande de Euskadi con una docena de módulos y en la que se encuentran 45 condenados por terrorismo. En Martutene, los problemas laborales más graves se encuentran en el área de administración ya que tras el último concurso de traslados han quedado sin cubrir 16 de los 17 puestos de trabajo. La dirección de esta prisión situada en San Sebastián está intentando derivar personal de vigilancia a las funciones de oficina pero se encuentra con el hándicap de que en administración no se facilita concentrar en dos o tres días la jornada semanal.

La directora de Martutene Marian Moreno ha comunicado a personal de la prisión su decisión de renunciar como también lo ha hecho durante la semana pasada Arantza Collado -responsable de gestión de personal de las prisiones vascas- y otras tres responsables de servicios de las cárceles de Zaballa y Basauri. Collado, junto al director de Justicia Jon Uriarte han sido los encargados por la consejera Beatriz Artolazabal de facilitar la integración de los funcionarios transferidos y activar un proceso de sustitución de estos trabajadores por incorporaciones del País Vasco. Collado ha comunicado a sus colaboradores más cercanos que abandonará su cargo actual el 1 de junio mientras que el resto de las responsables que también han comunicado su salida esperarán al nombramiento de sus sucesores.

La demanda presentada por estos 54 funcionarios a la que ha tenido acceso EL MUNDO no sólo advierte de la discriminación laboral de los empleados llegados a Euskadi el 24 de marzo sino que denuncia que el Gobierno de Urkullu «oculta de forma intencionada información clave y necesaria sobre las condiciones de trabajo» de estos funcionarios.

El Ejecutivo vasco pactó en septiembre de 2021 con ACAIP-UGT las condiciones de los funcionarios transferidos a 1 de octubre y cerró otro acuerdo el 5 de abril de 2022 con el mismo sindicato sobre el marco laboral (salario, permisos, etc.) para los 65 nuevos funcionarios que optaron al concurso de traslados. La responsable de la gestión de recursos humanos de las prisiones Arantza Collado ha contestado a los funcionarios que no puede trasladarles estas condiciones porque el acuerdo suscrito aún no ha sido aprobado por el Consejo de Gobierno. Portavoces del Departamento de Justicia vasco también han negado facilitar este acuerdo pese a que fue publicitado por el Ejecutivo de Urkullu en su página web. "Estamos en un limbo", lamentan portavoces de los funcionarios que han conformado esta plataforma que confía en la Justicia para que se garantice la igualdad en las condiciones laborales de los funcionarios.

Una situación que también denuncian los sindicatos y que se concretará mañana jueves en la concentración que realizarán frente a las puertas de la cárcel de Zaballa en Álava. El sindicato nacionalista ELA ha advertido de que la transferencia de las prisiones a Euskadi "ha traído consigo el hartazgo generalizado del colectivo, que ha visto cómo la transferencia se traduce en una pérdida de condiciones laborales y en un gran caos organizativo".
https://www.elmundo.es/pais-vasco/2022/ ... b45d0.html