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*3.000 trabajadores de las cárceles españolas se movilizan para denunciar los recortes y las agresiones que viven
*Cada día sufren una media de dos ataques diarios por parte de los reclusos

El último gran motín en las cárceles españolas no lo protagonizan los reclusos, sino quienes deben vigilarlos. Más de 3.000 funcionarios de prisiones de toda España se han unido en los últimos meses para alzar la voz y denunciar la situación de recortes económicos y agresiones que vienen padeciendo y de la que responsabilizan al Gobierno. Sobre todo a quien ha sido el máximo responsable de la política penitenciaria en las dos últimas legislaturas, el secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Yuste, del que piden la dimisión.Unidos Funcionarios de Prisiones es el nombre de la plataforma que, al margen de sindicatos y partidos políticos, amenaza con quebrar la paz en los penales españoles, después de años en los que las condiciones en las que desarrollan su trabajo se han deteriorado hasta extremos difícilmente imaginables antes de la crisis, según denuncian.

En algunas cárceles, un único funcionario tiene que supervisar a un máximo de 70 internos que comparten un mismo módulo. Y a ello hay que añadir una circunstancia más, el envejecimiento de la plantilla de Instituciones Penitenciarias, en la que más del 66% supera los 45 años y la mitad está por encima de los 50 años.

El aumento de estas agresiones se debe, en su opinión, a la falta de medios personales, pero también a la ausencia de formación ante un fenómeno que va a más: el creciente número de enfermos psiquiátricos que están recluidos en las prisiones españolas.Ni hay formación ni hay protocolos para actuar en estas circunstancias y esto, dicen los representantes de estos 3.000 funcionarios, supone un grave peligro no sólo para ellos, sino también para los propios presos.Pero no sólo falta personal y formación. Los medios materiales brillan igualmente por su ausencia y la única dotación de la que disponen consiste en unos guantes anticortes y un walkie-talkie. Las defensas de goma, los escudos y los cascos se quedan bajo la custodia de los jefes de servicio, que son los únicos que pueden autorizar su utilización.

http://www.elmundo.es/sociedad/2017/05/ ... b4624.html

El conflicto salarial que desde hace casi un año enfrenta a los funcionarios de prisiones con el Ministerio del Interior —primero con el Gobierno del PP y, desde el verano, con el del PSOE— se ha enconado desde que el domingo una huelga encubierta haya afectado gravemente al funcionamiento de 15 cárceles, según confirman fuentes de Instituciones Penitenciarias y de los sindicatos. La protesta se ha plasmado en la petición masiva por parte de los trabajadores de bajas laborales de tres días por estrés, lo que ha obligado en muchas prisiones a que los funcionarios que terminaban su turno hayan tenido que continuar trabajando para garantizar la seguridad del recinto.

Las cárceles más afectadas en los primeros cuatro días de protesta son las de Archidona y Alhaurín de la Torre, ambas en la provincia de Málaga, Villena (Alicante), Albocàsser (Castellón), Picassent (Valencia), A Lama (Pontevedra), Arrecife (Lanzarote), El Dueso (Cantabria), Albolote (Granada), Badajoz, Estremera (Madrid), Campos del Río (Murcia), Puerto de Santa María I y III (Cádiz) y Sevilla. En algunas, la avalancha de bajas ha afectado a más de la mitad de la plantilla de los servicios de vigilancia. Así, en la de Picassent, de 131 funcionarios que debían entrar este martes, solo lo hicieron 68. En la de Alhaurín de la Torre, su director ha suspendido los permisos “ante la falta extraordinaria de personal debido a la presentación cuantiosa de bajas por enfermedad”.


“Semana de la salud”

La protesta, que se prolongará hasta el viernes, ha sido bautizada por los sindicatos como “semana de la salud”, y es similar a una iniciativa que plantearon en marzo los sindicatos de la Ertzaintza y a la que se ha anunciado para el viernes entre los Mossos d'Esquadra, donde se la ha denominado “gripe azul”. A pesar de que los sindicatos no han hecho una convocatoria formal —solo citaron la medida sin concretar fechas en un comunicado de noviembre sobre actos de protesta en preparación—, fuentes de las organizaciones admiten que han dado instrucciones a sus afiliados para que pidan una baja de tres días. Interior denuncia que la protesta “vulnera los derechos de los reclusos y sus familias” al obligar a suspender comunicaciones programadas, además de provocar retrasos en la apertura de las celdas.

La huelga encubierta se produce una semana después de que cerca de 7.000 funcionarios de prisiones recorrieran las calles del centro de Madrid durante horas convocados por las cuatro organizaciones mayoritarias -ACAIP, CSIF, UGT y CC OO- para exigir la reapertura de las negociaciones sobre la subida salarial del colectivo, rotas desde septiembre. En estos meses, los funcionarios de prisiones han protagonizado seis días de huelga en las cárceles y un encierro en la sede de Interior, además de reclamar de manera insistente el cese del máximo responsable de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz. Desde Interior se asegura que la disposición del ministerio ha sido siempre la de sentarse a negociar y atender parte de las reclamaciones salariales de los funcionarios cuando haya disposición presupuestaria. Sin embargo, admiten que las protestas de los últimos meses han puesto "cuesta arriba" retomar los contactos.
https://elpais.com/politica/2018/12/...60_199268.html